Hace tiempo atrás, les contamos de Second Life, un juego multiplayer online, el cual estaba siendo utilizado por terroristas para entrenar y planear golpes en la «vida real». Este juego plantea un mundo alternativo (de ahí su nombre «Segunda Vida«) en el cual los usuarios viven, trabajan, tienen un hogar, etc. En realidad, es efectivamente una «vida paralela online», fenómeno que cada vez es más recurrente en la sociedad moderna y que nos hace cuestionar, si en el futuro existirá una clara diferencia entre ambas vidas, sobre todo teniendo en cuenta la siguiente noticia.
La primera demanda entre dos usuarios de Second Life ha sido presentada en Nueva York, alegando que uno de ellos le ha robado ítems virtuales al otro.
Es el caso de Eros versus Simon. Linda Eros ha indicado que Thomas Simon le robó código de Computador para copiar productos que ella había creado y vendía, en el mundo virtual de Second Life.
Lo que en un principio puede parecer tremendamente absurdo, no lo es tanto si se tiene en cuenta que en Second Life, algunas personas literalmente se ganan el sustento diario creando vestimentas y accesorios y vendiéndolos en sus propias tiendas. Estos productos son pagados mediante dinero real.
Eros, aparentemente se especializa en crear «ítems para adultos». De acuerdo a su abogado, sus productos virtuales «construyeron una reputación al interior de Second Life, en términos de rendimiento, calidad y valor, y … están entre los objetos virtuales destinados a adultos más vendidos de Second Life.«
La demanda alega que Simon le robó los diseños a Eros, generando productos que ocasionaron un descenso en las ventas de ella. Este tema es bastante complejo ya que las leyes de competencia justa de los Estados Unidos nada dicen en relación a los casos en los cuales no se entrega un producto o servicio «físico«.
De acuerdo a Simon, Eros entró sin autorización a su casa virtual para juntar evidencia, el equivalente a entrar a la propiedad de otro, en la vida real, para tomar evidencia. Esa evidencia no sería admitida en la Corte, aunque existen dudas del grado de ilegalidad que implica el pasar a llevar la propiedad privada virtual de alguien.